Por Jimmy Romero Veramendi;
Jefe de Riesgos Financieros y Regulatorios en BBVA
MBA (Especialista en Gestión de Riesgos Financieros).
Miembro del Equipo de Riesgos Financieros de The Key Perú.
I. Problemática identificada
La educación financiera debería permitir otorgar habilidades y conocimientos a personas sobre el uso de los servicios y productos financieros a fin de tomar decisiones informadas y garantizarles una relación más inclusiva con el sistema financiero.
Sin embargo, alguno de los principales problemas identificados resultan ser: las limitaciones al crédito, elevadas garantías y altos costes de interés. Asimismo, la incidencia crítica de esta problemática se focaliza principalmente en hogares pobres y vulnerables
II. Evidencia de la problemática
Según el INEI, en el 2020 el 50% de la población de 18 a más años tiene alguna cuenta en el sistema financiero. Asimismo, la penetración de la Banca alcanza el 84% de los distritos a nivel nacional en los cuales reside el 97% de la población[1].
Sin embargo, en comparación con otros países en Latinoamérica y del mundo aún existe una importante brecha por cerrar que debe estimular el desarrollo de un sistema financiero que vaya de la mano con los miles de peruanos que aún no cuentan con acceso a la banca formal o tiene dificultades en acceder a mejores condiciones.
Un dato interesante es que durante el 2020, en el Perú 9.9 millones de adultos tenían al menos un producto o servicio financiero (5% más que en el 2018 y 28% más comparado con el 2015), lo que evidencia un importante avance, sin embargo aún queda un importante camino por recorrer.
Los productos que ofrecieron las entidades financieras fueron: cuentas de ahorro (40.1%), tarjetas de débito (38%) y créditos de consumo (23%). Todos muy por encima del producto tarjetas de crédito (8.1%).
En nuestra opinión, resulta vital la colaboración entre el sector público y privado peruano que permita mejorar los servicios y productos financieros, así como promover iniciativas de inclusión financiera, por tanto ampliar la presencia del sistema financiero a nivel nacional.
La materialización de estos esfuerzos debe permitir a las personas ampliar sus oportunidades de consumo e inversión; asimismo otorgarles un mayor entendimiento en la gestión de su economía y mejores hábitos de consumo y ahorro.
III. Conclusiones
Un marco jurídico adecuado, fortalecer la institucionalidad de los entes regulatorios y fomentar un ambiente de información apropiado, son tres pilares fundamentales para coadyuvar la inclusión financiera.
Se prevé que las nuevas alternativas de pago y el desarrollo de las mismas con especial énfasis en canales no presenciales, deberían ir cerrando estas brechas.
Ampliar la cobertura de educación financiera, resulta vital, especialmente hacia poblaciones vulnerables, así como asegurar su descentralización en una alianza estratégica entre el Estado y la empresa privada.
La fase de reactivación impulsada por el Estado a través del soporte a familias vulnerables mediante Bonos, aún en este escenario tan complejo de pandemia por el covid-19 y un contexto de recesión económica global ha incorporado el uso de alternativas tecnológicas como: el uso de cajeros automáticos, banca digital, mensajes de texto, monedero digital, Banca DNI, etc.
La importancia de la inclusión financiera radica en que impulsa hábitos de ahorro, planificación del presupuesto familiar y control de gastos. Y por el lado de las Empresas Financieras les permitirá administrar de manera más eficiente los riesgos asociados a su portafolio de colocaciones, así como el manejo de los riesgos y una adecuada gestión de las obligaciones para con sus ahorristas.