El dilema entre lo técnico y anti-técnico

Por Juan José Inoñan Olivera;

Docente Universitario.

Miembro del equipo de Economía Bancaria de The Key Perú.

Ante la complicada coyuntura que se suscita en la economía nacional y mundial, que viene afectando severamente a las microempresas y que ha empujado a más personas a la pobreza monetaria en el país; con expectativas negativas para el presente año, se menciona que los factores que han generado esta situación se vinculan a aspectos tanto externos como internos:

1) La situación internacional vinculada directamente a la guerra entre Ucrania y Rusia que ha generado un proceso inflacionario mundial y la recesión económica técnica en Estados Unidos donde su Producto Bruto Interno ha experimentado caídas por dos trimestres consecutivos.

 

2) La crisis política del país, la cual ha generado: salida de capitales del país, expectativas negativas, que han ocasionado una caída en las inversiones privadas; deficiente gestión de proyectos de inversión pública, que no permiten incentivar el empleo en el país. Estos efectos de la crisis política resultan tener un impacto negativo muy fuerte en el manejo financiero de las microempresas, lo que ha llevado a la quiebra de muchas empresas y al incremento de la informalidad que casi bordea el 80%.

Es importante indicar que el Banco Central de Reserva del Perú con el fin de poder reducir la tasa de inflación, que se encuentra por el 8.74% al cierre del mes de julio, ha ejecutado una política monetaria restrictiva al incrementar la tasa de interés de referencia a 6%, lo que afecta directamente las tasas activas o las tasas que se generan al otorgar un crédito, siendo otro elemento que afecta directamente a la gestión financiera de las microempresas.

 

Ante esta coyuntura negativa para el desarrollo del sector de los microempresarios, han surgido una serie de iniciativas legislativas que aparentemente tendrían efecto positivo para los microempresarios. Sin embargo, a la vista del análisis técnico han tenido efectos contrarios a los objetivos trazados. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley de límites a las tasas de interés, según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), “un total de 226,129 personas dejaron de tener acceso al crédito en el sistema financiero entre mayo y diciembre del 2021 debido a la aplicación de la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros, lo que implicó que 126,791 clientes fueran excluidos de la cartera de préstamos del sistema financiero y 99,328 quedaran fuera del proceso de bancarización”. El informe señala que, con los límites impuestos, se perjudicó principalmente a aquellos clientes que les correspondería recibir tasas más altas por el tamaño de sus préstamos y su perfil de riesgo.

 

Lo antes mencionado evidencia que para la aprobación de la ley no se ha realizado un adecuado análisis técnico con respecto a las consecuencias de la ley, por lo que pese a haber tenido mucha aprobación, ante la lupa de los analistas y los que humildemente expresan un punto de vista, la ley ha tenido los efectos negativos esperados, explicados en un anterior artículo.

 

Ahora, nuevamente se presenta una iniciativa legislativa que aparentemente tendrá efectos positivos, pero tiene en el fondo una seria de factores técnicos que lejos de fomentar el financiamiento a las microempresas traerían efectos contrarios. La propuesta legislativa que ha sido aprobada por la Comisión de Economía, plantea el reconocimiento de las empresas del sistema financiero como Buen Pagador a los deudores que hayan efectuado pagos puntuales de las cuotas pactadas por un período de seis meses consecutivos, previa solicitud de éstos.

 

En primer lugar, debemos indicar que las tasas de interés que se cobran a los clientes están en función a su perfil de riesgo (ingresos, actividad, experiencia, etc.). Por lo tanto, cuando la entidad financiera identifica un nivel mayor de riesgo cobra una tasa de interés mayor, a partir de este análisis se menciona que cuando empieza un cliente obtiene un crédito por primera vez es financiado a tasas de interés mayores, y a medida que el cliente obtenga más financiamiento y lo pague con normalidad (atrasos menores a 8 días), entonces los clientes tendrán la oportunidad de solicitar mejoras en sus tasas de interés. Esto es motivado por el mismo mercado, la información de los clientes es transferida a diversas entidades del sistema financiero y ellos están en las condiciones de atender al cliente a mejores condiciones en cuanto a las tasas y productos, por lo que el proceso para mejorar las tasas de financiamiento se genera a partir del buen comportamiento de pagos del deudor. De esta manera, no sería viable que los clientes solo con un comportamiento de pagos de 6 meses puedan reducir la tasa de interés tomando en cuenta que el mismo mercado genera las oportunidades para que los deudores se beneficien con mejores tasas de financiamiento.

 

En segundo lugar, la ley establece que luego de 6 meses se reduzca la tasa de interés, lo que evidentemente afectaría los principales ingresos de las entidades financieras; con respecto a la gestión financiera afectaría los flujos de ingresos establecidos por la entidad que le permiten un manejo de flujo de caja adecuado y que, además, permite cubrir sus principales necesidades de liquidez.

Es necesario indicar que las entidades financieras son las que financian las principales necesidades de las microempresas por lo que es necesario no afectar su estabilidad financiera; por lo contrario, sí se deben establecer mecanismos que garanticen que su sostenibilidad para que continúen financiando emprendimientos en el país.

 

Ahora, viéndolo desde el contexto en el cual nos encontramos, debido a la coyuntura económica, se ha incrementado la tasa de interés de referencia; por tanto, han aumentado las tasas activas y las tasas de los créditos. Esto provoca que el costo de financiamiento a los microempresarios se haya incrementado, lo que afecta directamente a su gestión financiera y a sus beneficios. Es en este contexto en el que surge una nueva iniciativa legislativa, aparentemente con efectos positivos al consumidor, mas lo que podría generarse de aprobarse es que las entidades financieras al reducir los beneficios opten por restringir su acceso a los clientes con menor riesgo lo que implica que van a dejar de atender a clientes de mayor riesgo provocando que se incremente el número de personas que dejen de tener acceso a los créditos. Por ejemplo, clientes que por diversas situaciones han tenido inconvenientes para el pago de sus créditos y lo cancelaron con muchos atrasos, se les dificultaría reinsertarse en el sistema financiero, porque su nivel de riesgo no podría estar de nuevo sujeto a créditos. Ocurriría lo mismo con clientes con ingresos inferiores al salario mínimo vital, estos tendrían dificultades para ser atendidos por el sistema financiero formal. En resumen, la combinación de ambas iniciativas anti-técnicas perjudicaría directamente el acceso al crédito, la reinserción financiera y la inclusión financiera lo que al final estimularía la informalidad que financia crédito a tasas que superan el 200% anual en promedio, lo que naturalmente es contrario al objetivo de las iniciativas legislativas.

 

En síntesis, se resalta el bajo nivel de criterio técnico que permite la aprobación de iniciativas legislativas que “suenan bien”, pero a la lupa del análisis técnico son altamente perjudiciales para los objetivos de inclusión financiera y acceso al crédito.