¿Crowdfunding como financiamiento alternativo para las MYPEs? Breves reflexiones a propósito del D.U. 013-2020

Vinculado a lo expuesto resulta importante señalar que en el presente D. U. 013-2020 se hace una precisión de aquello que no puede ser aceptado como Financiamiento Participativo Financiero. En este sentido, se descarta que estén bajo la supervisión de la SMV las actividades de personas jurídicas a través de un portal web o medio de comunicación electrónico que contacte a demandantes de fondos destinados al financiamiento de proyectos con una pluralidad de ofertantes que no persigan obtener un retorno financiero. En este sentido, las modalidades permitidas de financiamiento participativo financiero serán a través de valores representativos de capital y/o de deuda, de préstamos y otras que establezca la SMV mediante normas de carácter general.

Dentro de este marco general se advierte que la trascendental característica del crowdfunding es el empleo de tecnología que permite “la interacción e intermediación electrónicas para canalizar las funciones atribuidas a cada modalidad de crowdfunding” [4], lo cual implica una disminución sobre los costos de transacción al eliminarse procesos y papeleos innecesarios que podrán ser llevados a cabo a través de una plataforma web que cuenta con la gestión de una Sociedad Administradora.

No obstante, sobre las bases de las ideas expuestas, si bien el crowdfunding presenta grandes beneficios para las micro y pequeñas empresas como una alternativa de financiamiento, también posee determinados riesgos que deben ser identificados, por lo cual, se analizarán los expuestos en el Decreto de Urgencia 013-2020.

Primero, sobre el riesgo de crédito, referido a “la posibilidad de que una de las partes de la operación financiera no asuma todas las obligaciones acordadas entre el emprendedor y el inversor entonces se produce una pérdida financiera en la otra parte del acuerdo”[5]. Ello incluso puede representar, según el artículo 25 inciso 10 del D. U. 013-2020, que exista “riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido”. Al respecto, una precisión que realiza la legislación es sobre el capital invertido o prestado, ya que no se encontraría protegido por el fondo de garantía que exige el Decreto Legislativo N° 861, ni el Fondo de Seguro de Depósito que exige la Ley General. 

Segundo, sobre el riesgo operativo, existe la posibilidad de sufrir pérdidas por errores en los sistemas, modelos y procesos internos de las plataformas y, del mismo modo, también pueden ser pérdidas ocasionadas por errores humanos o por las consecuencias de acontecimientos externos como ataques cibernéticos y fallas en líneas generales, lo cual puede incluso provocar el cierre de la plataforma y la pérdida de todas las inversiones. Para tal efecto, en el artículo 25 inciso 1, la legislación propone que una de las obligaciones de las Sociedades Administradoras es que estén a cargo de gestionar este tipo de riesgos a través de la implementación de planes de continuidad del negocio y de integridad de sus sistemas informáticos para mitigar el impacto de ciberataques; no obstante, siendo un aspecto relevante de una plataforma que está expuesta a ello, se deberían considerar otras medidas que impliquen un mayor sistema de seguridad.

Tercero, sobre el riesgo de conflictos de interés, se percibe cómo aquel que puede efectuarse cuando las Sociedades Administradoras al momento de establecer su comisión respecto del crédito originado y en función de su tamaño no sea objetivo, es decir, se acepten proyectos de financiamiento que no atiendan estándares mínimos de la clasificación de riesgos. En ese contexto, en el artículo 25 inciso 7, se regula que se deben adoptar políticas y procedimientos necesarios para prevenir los riesgos asociados a conflictos de intereses vinculados con su actividad.

Aunado a ello, una situación preocupante que puede desencadenarse es la posibilidad del uso de las plataformas de crowdfunding como una fuente de lavado de activos o para actividades fraudulentas. Así está expresa en el artículo 22 inciso 3 del Decreto de Urgencia en cuestión que señala como obligación a las Sociedades Administradoras que implementen un sistema de prevención LAFT y que la SMV sería el ente responsable de su supervisión. En coordinación con ello, el artículo 25 inciso 1 también exige la adopción de políticas de prevención y sugiere el desarrollo de mecanismos de control interno.

Por lo tanto, resulta imprescindible que la perspectiva que adopte la legislación debe girar en torno a un criterio de transparencia para los inversionistas, y las micro y pequeñas empresas, puesto que al contar con el suficiente conocimiento sobre el proyecto de financiamiento podrán ejecutar óptimas tomas de decisión financiera. Así, la Sociedad Administradora podrá reflejar esa información en las mismas plataformas web y, con apoyo de la actuación de la SMV, se podrán generar desincentivos para recurrir a estas prácticas fraudulentas.

Atendiendo a estas consideraciones, es conveniente que “se distinga aquellos modelos de negocio donde la plataforma de crowdfunding canalice los fondos desde los prestamistas – inversionistas hacia los prestatarios – emisores” con los riesgos operativos, de crédito, de liquidez y los referidos sobre conflictos de interés, ya sea al estar vinculados a la continuidad del negocio, la pérdida total o parcial en escenarios de quiebra o embargos. El sustento de ello surge porque brindar un contexto inseguro a las micro y pequeñas empresas conlleva a que no posean la confianza suficiente para invertir esfuerzos y dinero en una plataforma que incluso pueda ser perjudicial para el desarrollo de sus proyectos de financiamiento.

En concordancia con lo expresado, una problemática adicional es la que versa en cuanto a la regulación sobre las actuaciones prohibidas, lo cual cuestiona la imposibilidad de la coinversión de la Sociedad Administradora, en específico, la que se establece en el artículo 26 inciso 6 del presente Decreto de Urgencia: